La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió mantener bajo reserva durante cinco años toda la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están en el centro de investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.
Esta decisión se dio tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, que buscaba conocer detalles sobre las gestiones diplomáticas, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con ambos funcionarios. La Cancillería justificó la reserva argumentando que la divulgación podría “menoscabar” la confianza y los entendimientos entre ambos gobiernos, afectando la cooperación bilateral.
Pero la opacidad no termina ahí. También se clasificaron por tres años las minutas de la reunión del pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, su Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró relevancia luego de que se filtrara que Mullin habría planteado la entrega de Rocha Moya e Inzunza para que enfrentaran las investigaciones en territorio estadounidense.
Las solicitudes de información, hechas el 26 de mayo, fueron canalizadas a la Subsecretaría para América del Norte y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que determinaron la clasificación. Según el Comité de Transparencia, los documentos contienen posiciones institucionales, estrategias de coordinación, solicitudes de cooperación y análisis que, de hacerse públicos, podrían dañar la imagen de México y comprometer futuras relaciones diplomáticas.
Este hermetismo llega justo 70 días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos acusara formalmente a Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios más por supuestamente usar sus cargos para proteger operaciones criminales y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, según señaló Terrance Cole, administrador de la DEA.
En un contexto donde la transparencia debería ser la regla, la SRE opta por blindar información que podría ser clave para entender la relación entre poder político y crimen organizado. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin acceso a detalles que podrían afectar la confianza en sus representantes y en la cooperación internacional.
Este caso pone en evidencia la tensión entre la necesidad de proteger acuerdos diplomáticos y el derecho a la información pública, un equilibrio que, en este momento, parece inclinarse hacia la opacidad.
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