La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este martes 7 de julio de 2026 invalidar un informe de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero que señalaba a Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un probable daño al erario público. La controversia gira en torno a 898 millones de pesos provenientes de aportaciones federales entregadas en 2023, cuyo destino no fue comprobado según la auditoría local.
En mayo de 2025, el ayuntamiento de Acapulco presentó una controversia constitucional contra la Auditoría Superior de Guerrero, argumentando que la revisión de estos recursos debe ser competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La morenista López Rodríguez sostuvo que la solicitud de información representaba un acto de molestia que vulneraba la autonomía hacendaria del municipio.
Por unanimidad, los ministros aprobaron el proyecto presentado por Arístides Guerrero García, que establece que los fondos federales “no pierden su naturaleza de recursos federales” y, por tanto, no pueden ser auditados por instancias locales. Esto deja sin efectos las diez promociones de responsabilidad administrativa y el pliego de observaciones emitidos contra López.
Este fallo no solo protege a la alcaldesa con licencia, quien busca la candidatura a gobernadora de Guerrero, sino que también reafirma la división de competencias en la fiscalización de recursos públicos. En un contexto donde la transparencia y el manejo responsable del dinero público son temas urgentes, la decisión de la SCJN abre un debate sobre los límites del control local frente al federal.
Mientras tanto, en otros estados como Puebla, la apuesta por sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico —que promueven movilidad sustentable y acceso equitativo— muestra que la inversión pública puede ser una herramienta para la justicia social cuando se maneja con claridad y visión comunitaria. ¿Será que en Guerrero también se podrá avanzar hacia ese modelo? Por ahora, la SCJN ha puesto un freno a la auditoría local, dejando en pausa la exigencia de rendición de cuentas sobre casi 900 millones de pesos.
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