El pasado 28 de mayo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) oficializó la prohibición del uso del colorante rojo 3, también conocido como eritrosina, en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en México. Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, responde a la preocupación por los posibles riesgos para la salud, entre ellos un potencial efecto cancerígeno.
Aunque no existen estudios concluyentes que confirmen que el rojo 3 cause cáncer en humanos, investigaciones como la de Borzelleca en 1987, que detectó tumores en ratas expuestas a esta sustancia, y evaluaciones internacionales, han llevado a las autoridades a aplicar el principio precautorio. Este mecanismo permite tomar medidas preventivas ante evidencias científicas de posibles daños, incluso cuando persisten dudas.
La Cofepris detectó que la exposición promedio de la población mexicana a la eritrosina supera el límite seguro establecido internacionalmente, conocido como Ingesta Diaria Admisible (IDA). De hecho, el consumo actual duplica ese parámetro, lo que impide garantizar la inocuidad del aditivo bajo las condiciones actuales.
Entre los productos afectados por esta regulación están:
– Helados, sorbetes y bases para helados
– Leches saborizadas, fermentadas y mezclas con grasa vegetal
– Bebidas alcohólicas preparadas y licores
– Bebidas saborizadas sin alcohol, jarabes y concentrados
– Alimentos a base de cereales, semillas comestibles, harinas y sémolas
– Productos de panificación
– Polvos para gelatina, flan y bebidas
– Goma de mascar, caramelos suaves y gomitas cubiertas de caramelo
– Frutas conservadas en almíbar
La Secretaría de Salud otorgó un plazo de 24 meses para que las empresas puedan realizar los ajustes necesarios en sus procesos productivos, buscando minimizar el impacto económico y facilitar la transición hacia productos más seguros.
Esta decisión representa un avance importante en la protección de la salud pública en México, al priorizar la prevención frente a sustancias que, aunque comunes en la industria alimentaria, pueden poner en riesgo a la población. En un país donde la desigualdad también se refleja en el acceso a alimentos saludables, medidas como esta son un paso hacia una mayor justicia sanitaria y ambiental.
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