El pasado 27 de marzo, a las 2:00 de la ma\u00f1ana, una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, vivi\u00f3 una madrugada que dif\u00edcilmente olvidar\u00e1. Elementos de la Fiscal\u00eda General del Estado de Puebla (FGE) llegaron con m\u00faltiples unidades y armas para ejecutar un cateo en el Aserradero El Cipr\u00e9s, propiedad de esta familia, que ahora denuncia un saqueo y una actuaci\u00f3n sin fundamentos claros. <\/p>\n
Flor Ruiz y su mam\u00e1 relatan c\u00f3mo m\u00e1s de 10 agentes irrumpieron en su vivienda y en la casa contigua donde viven otros familiares con cuatro menores. Ante la intimidaci\u00f3n, se resguardaron en la azotea mientras su pap\u00e1, due\u00f1o del terreno, fue negado el acceso y no le mostraron la orden judicial. <\/p>\n
Al bajar a las 7 de la ma\u00f1ana, encontraron la casa revuelta: c\u00e1maras desactivadas, ropa y cajones abiertos, y lo m\u00e1s grave, objetos de valor desaparecidos. \u201cMis ahorros, carteras con dinero, alhajeros y las joyas de mi hija se las llevaron\u201d, cuenta la madre. <\/p>\n
La situaci\u00f3n empeor\u00f3 en la casa contigua, donde el hermano de Flor fue detenido sin explicaci\u00f3n, mientras su esposa e hijos fueron encerrados en un auto y amedrentados con armas. Adem\u00e1s, todos los veh\u00edculos particulares y varios camiones de carga del negocio desaparecieron sin justificaci\u00f3n, incluso con choferes presentes. <\/p>\n
La familia logr\u00f3 acceder a la carpeta de investigaci\u00f3n FGEP\/CDI\/FEIDVGCM\/CJMPUEBLA-I\/003921\/2026, donde detectan irregularidades. El cateo fue autorizado por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, seg\u00fan la familia, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, aunque sin detalles p\u00fablicos. <\/p>\n
La orden judicial se bas\u00f3 en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y veh\u00edculos con vidrios polarizados y placas de otros estados, presuntamente para investigar trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral infantil. Sin embargo, la familia denuncia que la Fiscal\u00eda neg\u00f3 la presencia de menores, no document\u00f3 los objetos sustra\u00eddos ni la presencia del Ej\u00e9rcito, y minimiz\u00f3 el n\u00famero de agentes que participaron, a pesar de que las c\u00e1maras de seguridad muestran lo contrario. <\/p>\n
\u201cEste es el tipo de servidores p\u00fablicos que abusan de su autoridad y jueces que autorizan cateos sin pruebas s\u00f3lidas, solo con testimonios sin respaldo\u201d, denuncian. <\/p>\n
En un video difundido en redes sociales, la familia niega las acusaciones y pide apoyo ciudadano para que su historia se conozca, se haga justicia y puedan reactivar su negocio, afectado por estas irregularidades. <\/p>\n
Este caso pone sobre la mesa la necesidad de transparencia y respeto a los derechos en las acciones de justicia, especialmente cuando afectan a comunidades y peque\u00f1os negocios que luchan por salir adelante.<\/p>\n