Entre el 4 y el 23 de abril de 2024, la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preecasin, realizó tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, una empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Preecasin, creada en 1987 para producir materiales de construcción y que desde hace 15 años ejecuta obra pública en Sinaloa, hizo estos pagos desde una cuenta de Banorte a nombre de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa. Sin embargo, en los registros internos solo se describen como “pago de factura”, sin detallar qué bienes o servicios se adquirieron.
Lo más llamativo: Ahavat no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide encontrar contratos o licitaciones públicas que justifiquen estos movimientos.
Ahavat Logistics Solution, fundada en 2017 en Toluca, obtuvo en junio de 2020 un permiso para comercializar petrolíferos, pero su domicilio reportado ha cambiado entre Acambay y Metepec, Estado de México, mientras que operativamente se ubica en Guadalajara, en el mismo edificio que Jomadi Logistics & Cargo. Esta última empresa también está señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, acusado por Estados Unidos de liderar esta red criminal. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y en 2020 firmó un polémico contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que atrajo la atención del FBI por presunto tráfico ilegal de combustible.
El administrador único de Ahavat, J. Refugio Ruiz Villagómez, figura en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicada el pasado martes, y está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su participación en ambas empresas.
FinCEN acusa a Ahavat y Jomadi de contrabandear combustible desde Estados Unidos hacia México y de pagar cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. Además, la Fiscalía General de la República ha señalado a Jomadi como una empresa involucrada en huachicol fiscal, con transacciones millonarias a través del sistema financiero estadounidense vinculadas al CJNG.
Este caso pone en evidencia cómo, incluso organismos públicos como Preecasin, pueden terminar financiando indirectamente redes criminales que afectan la seguridad y economía del país. Mientras tanto, en otros estados como Puebla, la apuesta por sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico representa una alternativa real para mejorar la movilidad y reducir la desigualdad, lejos de las sombras del dinero sucio que corroe las instituciones.
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