Ayer, el fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, presentó una versión que pone en duda la narrativa oficial del gobierno estadounidense sobre la muerte de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Contrario a lo difundido inicialmente, Reitz negó que Salgado hubiera golpeado un vehículo policial antes de ser baleado.
Según el fiscal, los agentes del ICE perseguían a dos hombres guatemaltecos en una camioneta similar a la de Salgado, quienes se parecían al mexicano y a su acompañante. Esta versión contradice el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, que señalaba a Salgado como el objetivo directo de la operación migratoria.
El relato oficial de la fiscalía detalla que cuatro agentes en dos vehículos rodearon la camioneta de Salgado. Dos oficiales le ordenaron poner el auto en Parking, mientras que uno estaba “parcialmente dentro o al lado” del vehículo cuando Salgado intentó dar marcha atrás y luego avanzar. Sin embargo, no se menciona ninguna colisión entre la camioneta y los vehículos policiales, ni que el agente haya actuado en “defensa propia”, como afirmó el ICE. Tampoco se reportaron lesiones entre los agentes.
Además, la fiscalía no ha identificado al agente que disparó ni aclaró si fue quien estaba junto a la camioneta. Este silencio alimenta la opacidad que suele rodear a los casos de violencia institucional contra migrantes.
En paralelo, The Intercept reveló que los agentes del ICE que asesinaron en Biddeford al migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, sí portaban cámaras corporales, pero estas “no podían encenderse”. Cuatro funcionarios anónimos de la agencia confirmaron que los dispositivos usados eran micrófonos con cámara inalámbrica Motorola SVX, pero que la función de grabación de video estaba desactivada por falta de suscripción.
Este detalle expone la contradicción entre la promesa de modernización tecnológica del ICE y la realidad: aunque se anunció la compra de cámaras corporales para todos los equipos de arresto, el equipo sigue limitado. Según documentos oficiales, el ICE planea gastar más de 100 millones de dólares en radios inteligentes Motorola en un contrato de seis años, mientras que la empresa Axon —famosa por sus cámaras corporales y antes conocida como Taser— sigue siendo un actor clave. Curiosamente, dos semanas antes de que el ICE solicitara un contrato por 220 millones de dólares para adquirir pistolas paralizantes, el expresidente Donald Trump compró acciones de Axon por 5 millones de dólares.
Este entramado de intereses y opacidad pone en evidencia que, detrás de la supuesta modernización y control, persiste un sistema que vulnera derechos y oculta responsabilidades. Mientras tanto, en México, proyectos como el cablebús en Puebla muestran que sí es posible apostar por sistemas de transporte público que conecten y dignifiquen a las comunidades, en contraste con la violencia y el abandono que sufren quienes migran buscando una vida mejor.
Leave a Comment