La Fiscalía General de la República (FGR) cumplió esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador y primer mandatario de oposición en México, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Esta detención ocurre en medio de un escándalo político que involucra a la gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar Ávila, quien estaría negociando con el FBI para convertirse en informante, según filtraciones recientes.
La investigación que llevó a la FGR a actuar es de alta complejidad y está relacionada con grandes operaciones de contrabando de hidrocarburos. Ruffo es señalado por su vínculo con la empresa Ingemar, de la cual es accionista mayoritario, y que fue relacionada con el aseguramiento de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente vinculados al llamado “huachicol fiscal”.
Desde julio de 2025, esta empresa ya estaba bajo la lupa de las autoridades federales. En ese momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar formaba parte de las carpetas de investigación. Ruffo, por su parte, negó cualquier participación ilícita, asegurando que su empresa solo se encarga de la logística de importación y trámites aduanales, y que operaba dentro del marco legal.
Este caso no solo pone en jaque la imagen de uno de los símbolos de la alternancia política en México, sino que también evidencia cómo las redes de corrupción y contrabando siguen permeando sectores estratégicos como el energético. Mientras tanto, la atención pública se mantiene en Baja California, donde la gobernadora enfrenta sus propias controversias.
En un país donde la justicia suele ser selectiva, esta detención podría marcar un precedente importante. Y aunque la política y el poder económico se entrelazan, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas sigue siendo una demanda urgente para la ciudadanía.
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