Este jueves 16 de julio de 2026, en la sede del Departamento de Estado en Washington, Marco Rubio reunió a representantes de 66 países de Europa, Asia y América para una cumbre que busca enfrentar lo que la Administración estadounidense define como un resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda a nivel global. La reunión, apodada informalmente “cumbre Antifa”, refleja la obsesión del Gobierno actual con un movimiento que, en realidad, no existe como organización formal.
Rubio dedicó su discurso de apertura a denunciar a quienes se autodenominan anticapitalistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero que, según él, esconden un “resentimiento ponzoñoso” bajo discursos de igualdad y justicia. Acusó a estos grupos de atacar infraestructuras clave como oleoductos, ferrocarriles y redes eléctricas, y de operar a través de redes clandestinas con apoyo de Estados extranjeros hostiles.
El secretario de Estado también criticó lo que considera un “doble rasero” en el tratamiento de la violencia política: mientras que los actos de grupos neonazis son condenados sin ambages, los ataques atribuidos a la extrema izquierda se justifican como “excesos de idealismo” o “fines virtuosos”. Esta narrativa busca invisibilizar una amenaza que, para Rubio, es real y transnacional, pero que muchos sectores de la prensa y la academia consideran una “fantasía febril”.
Entre los países asistentes a la cumbre, que concluye una estrategia de ocho meses para sumar aliados, están España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Israel, Chile y Uruguay. México, Brasil, China, Nicaragua y Colombia no figuran en la lista oficial, aunque un miembro del futuro Gobierno colombiano estuvo de visita en el Departamento de Estado el mismo jueves. El nivel de representación varió: España, por ejemplo, envió a dos consejeros de su embajada en Washington.
Esta reunión ocurre días después de que el Departamento de Estado abriera una convocatoria para otorgar subvenciones de hasta tres millones de dólares a grupos europeos afines a los ideales MAGA, con el objetivo de combatir la “censura” y fortalecer “vínculos civilizatorios” entre Estados Unidos y Europa. Las ayudas están dirigidas a ONG, instituciones educativas y entidades con ánimo de lucro que aborden temas como soberanía nacional, migración y uso político del sistema judicial.
En la cumbre también participaron figuras clave como el director del FBI, Kash Patel; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y Stephen Miller, uno de los arquitectos de la presión estadounidense en América Latina, que ha incluido desde campañas electorales hasta intervenciones militares, como la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.
Cuando se le cuestionó por qué la iniciativa se enfoca exclusivamente en la extrema izquierda y no en grupos de derecha, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, respondió que los grupos de derecha son “más sofisticados” y que sus amenazas han sido tradicionalmente menos atendidas.
Este enfoque no es nuevo. En septiembre pasado, Donald Trump designó a Antifa como grupo terrorista, tras el asesinato de Charlie Kirk, líder juvenil MAGA, aunque no hay pruebas de que el presunto asesino tuviera vínculos con la extrema izquierda. En noviembre, Washington etiquetó a cuatro grupos europeos vinculados a Antifa como organizaciones terroristas extranjeras, ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre sus financiamientos.
Mientras Estados Unidos se empeña en señalar a la izquierda como la principal amenaza, la realidad política global y regional es mucho más compleja. En un mundo donde la desigualdad y la injusticia crecen,
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