Argentina busca abrir sin límites la compra de tierras rurales a extranjeros: ¿un paso hacia la inversión o un riesgo para la soberanía?

El Gobierno de Argentina prepara un cambio radical en la Ley 26.737 de Tierras Rurales para eliminar las restricciones que hoy limitan la compra de campos por parte de extranjeros. La iniciativa, que será impulsada en el Senado, forma parte de un paquete de normas que buscan reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada y abrir el mercado rural a inversores internacionales.

Actualmente, los extranjeros no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Sin embargo, según el vocero presidencial Adrián Ravier, esta limitación “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, y va en contra del espíritu constitucional que reconoce derechos civiles iguales para nacionales y extranjeros.

Ravier también señaló que estas restricciones han frenado inversiones importantes, sobre todo en sectores foresto-industriales del NEA, Cuyo y la Patagonia, donde “existen proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas”. El proyecto distinguirá entre inversores privados y Estados extranjeros, imponiendo mayores exigencias a gobiernos, empresas estatales o sociedades controladas por ellos, que hoy pueden comprar hasta 1,000 hectáreas sin autorización, pero que con la nueva ley necesitarán un permiso específico.

Desde el sector inmobiliario rural, las opiniones también apuntan al impacto económico. Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural, considera que para elevar el valor de los campos se requieren medidas más amplias, como la eliminación de retenciones y reglas claras, más allá de la apertura a extranjeros. Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, relativiza el temor a una compra masiva de tierras por extranjeros, atribuyéndolo a un “miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas”, pero que no refleja la realidad actual del mercado.

Para dimensionar el debate, Argentina cuenta con cerca de 266.7 millones de hectáreas rurales, de las cuales 16.2 millones están en manos extranjeras, apenas un 6% del total. La propuesta podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre inversión, soberanía, producción agrícola y control territorial, temas que impactan directamente en la vida rural y en la economía nacional.

Mientras tanto, la discusión sigue abierta: ¿es esta apertura una oportunidad para modernizar y atraer capital, o un riesgo para la autonomía territorial y la justicia social en el campo argentino?