Convenio con presunto implicado en ataques en Atlixcáyotl reaviva debate sobre protocolos en universidades públicas

El pasado 20 de abril, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP) firmó un convenio con ITEBIO A.C., una asociación civil representada por Rafael Zabalza, para impulsar proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales. La firma estuvo a cargo del rector Raymundo Atanacio Luna, exdiputado federal de Morena, y fue presentada como una estrategia para fortalecer la vinculación institucional mediante investigación y capacitación.

Sin embargo, este acuerdo ha cobrado una nueva dimensión tras la detención de Rafael Z., señalado por las autoridades como presunto responsable de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. Aunque la Fiscalía no ha confirmado si el detenido y el representante de ITEBIO A.C. son la misma persona, diversos reportes periodísticos los vinculan.

El contexto se complica aún más al recordar que Rafael Z. fue durante años un proveedor clave de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en administraciones pasadas, como las de Melquiades Morales y Mario Marín.

Este caso pone sobre la mesa una pregunta urgente: ¿qué mecanismos tienen las universidades públicas para revisar y, si es necesario, cancelar convenios cuando alguno de sus socios enfrenta investigaciones por delitos graves? Hasta ahora, la UPMP no ha emitido ningún posicionamiento ni ha aclarado si el convenio seguirá vigente o será revisado.

Más allá de este caso particular, la situación evidencia la necesidad de protocolos claros que permitan a las instituciones públicas proteger su prestigio y la confianza social, sin perder de vista el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. En un país donde la corrupción y la impunidad suelen ir de la mano, la transparencia y la responsabilidad institucional son más urgentes que nunca.

Mientras tanto, la comunidad universitaria y la sociedad en general observan con atención cómo se resolverá esta polémica, que no solo afecta a la UPMP, sino que también refleja un problema estructural en la gestión pública y académica.

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