Este lunes 13 de julio de 2026, un audio filtrado sacudió la escena política de Baja California al revelar que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habría ofrecido información sensible al FBI para frenar posibles cargos en su contra. La revelación fue dada a conocer por el periodista Héctor de Mauleón en su columna de El Universal.
En la grabación, que contradice las declaraciones oficiales de la mandataria, un asesor externo de la agencia estadounidense le advierte que las autoridades de Estados Unidos “sienten que han perdido el tiempo” en reuniones previas, pero le ofrecen una última oportunidad para evitar sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y una posible orden de extradición.
Marina del Pilar, preocupada por las implicaciones legales, cuestiona directamente al interlocutor sobre las intenciones del Departamento de Justicia: “¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?… ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”.
El audio también expone que la gobernadora cuenta con asesoría legal del abogado Michael Nadler, con sede en Miami. Por temor a cruzar la frontera, la funcionaria propuso que la reunión se realizara en un hotel de Tijuana, rechazando las instalaciones del consulado estadounidense.
Hacia el final de la grabación, Marina del Pilar manifiesta su disposición para cooperar y evitar que los cargos judiciales avancen: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…”.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido ninguna postura oficial sobre este nuevo material que pone en entredicho la transparencia y la autonomía de la gobernadora frente a agencias extranjeras. En un contexto donde la soberanía y la justicia social deberían ser prioridad, esta filtración abre un debate sobre los límites de la cooperación internacional y la defensa de los derechos colectivos.
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