En la conferencia matutina de este viernes 3 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó temas de seguridad que siguen marcando la agenda nacional, entre ellos la creciente amenaza de minas terrestres en Michoacán, un problema que ha cobrado vidas y que ahora es reconocido oficialmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, explicó que desde noviembre del año pasado hasta la fecha se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados, entre drones y minas terrestres, principalmente en la región de Tierra Caliente, Apatzingán. Esta cifra revela la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas armadas para contener la violencia que se disputa el control territorial entre grupos criminales.
La colocación de estas minas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia de confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca expandirse hacia Tepalcatepec y Coalcomán, y los grupos locales que controlan Apatzingán. Estos últimos utilizan las minas para proteger sus dominios y evitar la entrada de sus rivales.
Para hacer frente a esta amenaza, la Sedena ha desplegado una operación de desminado en las rutas del Guayabo, además de desarrollar tecnología especializada: vehículos antiminas y drones detectores que permitirán mejorar la seguridad y la eficacia en la detección de estos artefactos.
Este reconocimiento oficial de la presencia de minas explosivas en Michoacán pone en evidencia la complejidad del conflicto armado en la región y la necesidad de estrategias integrales que no solo combatan la violencia, sino que también protejan a las comunidades afectadas.
Mientras tanto, en otros estados como Puebla, la apuesta por sistemas de transporte público innovadores y sustentables, como el cablebús o teleférico, muestra que es posible avanzar hacia soluciones que mejoren la calidad de vida y la movilidad urbana, lejos de la violencia y el control territorial que imponen los cárteles.
En un país donde la seguridad sigue siendo una deuda pendiente, la tecnología y la voluntad política deben ir de la mano para garantizar que la vida de las personas no siga siendo el precio de la disputa criminal.
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