Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo y señalada por la Fiscalía del Estado de México de simular un secuestro para ocultar un desfalco de 40 millones de pesos, ahora también está bajo la lupa por la extraña cronología de sus estudios.
Según documentos oficiales consultados por EMEEQUIS, la morenista concluyó una maestría en administración pública el 13 de agosto de 2018, antes de haber terminado formalmente su licenciatura en derecho, que aparece registrada con fecha del 31 de agosto de 2018, apenas 13 días después.
Esta secuencia no es menor: la Secretaría de Educación Pública establece que para ingresar a una maestría se debe contar con el título de licenciatura o, al menos, haber cubierto todos los créditos de ese nivel si el posgrado es opción de titulación. Hasta ahora, no hay explicación pública sobre si Nápoles cumplió con estos requisitos o si las fechas reflejan solo trámites administrativos.
Además, el título de maestría no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas ni hay constancia pública de la expedición de la cédula correspondiente, mientras que el título de licenciatura sí está registrado.
EMEEQUIS intentó contactar al Instituto Universitario del Estado de México para aclarar esta aparente inconsistencia, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Tampoco la alcaldesa ha dado explicaciones sobre esta discrepancia.
Por si fuera poco, la información curricular de Nancy Nápoles es escasa y en la Plataforma Nacional de Transparencia solo se encontró un formato que indica que trabajó como coordinadora de capacitaciones entre 2014 y 2017, sin un currículo actualizado que detalle su trayectoria académica y profesional.
Este escrutinio académico ocurre en medio de una investigación penal que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta por el presunto autosecuestro con el que, según la autoridad, Nápoles habría intentado justificar la desaparición millonaria de recursos públicos.
La alcaldesa ha negado las acusaciones y sostiene que fue víctima de un secuestro real. En redes sociales denunció actos de discriminación por parte de las autoridades ministeriales y pidió que el fiscal general conozca directamente su caso.
Mientras tanto, la ciudadanía de Tenancingo sigue esperando respuestas claras, no solo sobre el destino de los 40 millones de pesos, sino también sobre la transparencia y legitimidad de quienes están al frente de sus gobiernos.
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