Este jueves 18 de junio de 2026, la diputada local de Morena, Nay Salvatori Bojalil, encendió las redes sociales con una solicitud urgente que, más que un llamado solidario, se interpretó como una oferta de compra de sangre. En una historia publicada en sus redes, la legisladora pidió un donador de plaquetas y ofreció una “gratificación” a quien ayudara, acompañando el mensaje con un número telefónico para informes.
La polémica no tardó en estallar, pues la legislación mexicana es clara: la venta o cualquier tipo de beneficio económico por la donación de sangre y sus componentes está prohibida y sancionada. El artículo 462 de la Ley General de Salud establece penas de prisión de 6 a 17 años para quienes promuevan o participen en la comercialización de sangre, tejidos u órganos humanos, incluyendo “gratificaciones”.
Una usuaria, Assenet Lavalle, le recordó a la diputada esta norma en un comentario directo: “Dip @Naysalvatori, te lo he escrito antes: la venta de sangre en México tiene una pena de prisión de los 6 a los 17 años… Deja de promover eso, por favor”.
La discusión en los comentarios giró en torno a la naturaleza de la “gratificación” ofrecida y la importancia de que la donación sea siempre voluntaria y altruista, sin contraprestaciones económicas. Usuarios señalaron que este tipo de publicaciones pueden interpretarse como un incentivo ilegal y pidieron a la legisladora evitar mensajes que pongan en riesgo la ética y la legalidad del proceso.
Este episodio pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la urgencia médica y las limitaciones legales en la donación de sangre, un tema que requiere sensibilidad y responsabilidad, especialmente de figuras públicas. Mientras tanto, la ley es clara: la solidaridad no debe confundirse con comercio.
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