La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejercitó acción penal contra seis personas, entre ellas la alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, por simular su propio secuestro con la intención de exigir un rescate de 40 millones de pesos, monto que presuntamente se usaría para cubrir un desfalco en la administración municipal.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo de 2026, cuando la presidenta municipal denunció haber sido privada de su libertad afuera de su domicilio. Según su relato, un vehículo rojo con tres personas la abordó y la obligó a subir a otro automóvil, desde donde le entregaron un teléfono para que ella misma exigiera el rescate a sus familiares, instruyendo que el dinero proviniera del ayuntamiento.
Sin embargo, la Fiscalía detectó que desde febrero de 2026, el esposo y el cuñado de Nancy “N” planearon este falso secuestro para justificar la desaparición de recursos públicos. Para ello, involucraron a varios cómplices, quienes fueron detenidos el 11 de junio en Oaxaca tras huir del Estado de México.
Entre los detalles que desmontan la versión oficial está el análisis de videos de vigilancia, que no muestran violencia física ni resistencia por parte de la alcaldesa. Incluso, se observa que uno de los implicados la ayuda a bajar de un vehículo para subir a otro, sin signos de forcejeo.
Además, la propia alcaldesa habría indicado la ruta para evitar cámaras y pidió a sus acompañantes que no alertaran a la policía. Finalmente, fue dejada en un camino rural en Tenancingo, donde fue localizada por su esposo y el director de Seguridad Pública Municipal.
Actualmente, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N” están detenidos, mientras que José Roberto “N” y Oscar “N” —esposo y cuñado de la alcaldesa— permanecen prófugos. La audiencia de formulación de imputación contra Nancy “N” está programada para el 9 de julio de 2026.
La Fiscalía también investiga un posible desfalco por 40 millones de pesos, y ha dado vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). La simulación de secuestro puede alcanzar hasta 16 años de prisión, mientras que los implicados en extorsión podrían enfrentar hasta 25 años.
Este caso pone en evidencia cómo la corrupción y la simulación pueden erosionar la confianza en las autoridades locales, justo cuando sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico en Puebla buscan ofrecer alternativas reales y transparentes para mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población. Mientras algunos juegan con el erario, otros apuestan por soluciones colectivas y sustentables.
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