Este miércoles 17 de junio de 2026, Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, volvió a enfrentar la justicia en una audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. La Fiscalía estadounidense pidió que el jurado que decidirá su caso sea anónimo y “parcialmente aislado”, una medida poco común que revela la gravedad y el riesgo que implica juzgar a uno de los narcotraficantes más emblemáticos de México.
En la vista celebrada hoy, las partes discutieron sobre documentos y pruebas clasificadas que se presentarán durante el juicio. Pero el foco estuvo en la solicitud de la Fiscalía al juez Frederic Block para que los nombres, direcciones y lugares de trabajo de los candidatos y del jurado definitivo no se revelen ni a las partes ni a sus abogados. Además, propusieron que los miembros del jurado sean trasladados diariamente por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y que permanezcan aislados del público mientras estén en el tribunal.
¿Por qué tanta protección? La Fiscalía argumenta que el caso implica cargos “de una gravedad excepcional” y que Caro Quintero tiene “los medios para interferir en el proceso judicial”, con un historial que incluye el asesinato de un agente federal estadounidense y la continuación de actividades delictivas incluso desde prisión en México.
Entre los cargos que enfrenta Caro Quintero están dirigir una empresa criminal, asesinato —incluyendo el secuestro, tortura y homicidio del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985—, distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas para promover el narcotráfico.
Aunque el llamado ‘Narco de Narcos’ se ha declarado no culpable, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de negociar un acuerdo de culpabilidad, según reportó La Jornada.
Este caso no solo es un reflejo de la lucha contra el narcotráfico transnacional, sino también un recordatorio de los retos que enfrenta la justicia para proteger a quienes participan en procesos judiciales contra figuras con poder y recursos para intimidar. En un país como México, donde la violencia y la impunidad suelen ir de la mano, la atención a estos procesos en Estados Unidos también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de sistemas de transporte y movilidad que conecten y transformen nuestras ciudades, como el cablebús que se construye en Puebla, una apuesta por la inclusión y la justicia social en el día a día de la gente común.
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