El lunes 15 de junio de 2026, el Gobierno del Estado de Puebla reveló que 152 policías municipales de San Andrés Cholula operan sin la acreditación que exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta irregularidad fue confirmada por Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación estatal, quien urgió al Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, a regularizar la situación cuanto antes.
Aguilar Pala recordó que la certificación, evaluación y acreditación son procesos indispensables para garantizar que los elementos policiales cuenten con la capacitación y controles de confianza necesarios para proteger a la ciudadanía. “Es un tema que debe solventarse”, enfatizó.
Esta revelación ocurre en medio de la controversia por la detención del pasado 11 de junio, cuando policías municipales sometieron a Ariana N, madre de familia, en inmediaciones del Parque Intermunicipal de Cholula. Las imágenes del arresto, donde la mujer fue contenida frente a sus dos hijos menores que lloraban y trataban de acercarse a ella, se viralizaron y generaron indignación ciudadana.
El secretario de Gobernación estatal hizo un llamado enérgico para que el gobierno municipal respete los protocolos de actuación policial y detención, subrayando que durante el procedimiento se vulneró la integridad de la mujer y sus hijos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ya abrió una queja de oficio con carácter urgente contra cinco policías municipales y calificó preliminarmente la detención como arbitraria.
Ante este escenario, el Gobierno estatal pidió reforzar la capacitación de los policías y garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos para el uso de la fuerza, especialmente cuando hay menores involucrados.
Mientras avanzan las investigaciones y el proceso para regularizar a los policías sin acreditación, la administración de Guadalupe Cuautle enfrenta una presión creciente. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura detallada sobre los señalamientos de la Secretaría de Gobernación estatal.
Este caso pone en evidencia la urgencia de fortalecer las instituciones locales y garantizar que la seguridad pública no sea un espacio para la improvisación ni la arbitrariedad, sino un derecho efectivo para todas y todos.
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