La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor con más de 30 años en la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
La investigación, registrada bajo la carpeta CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024, detalla que los presuntos abusos ocurrieron en distintos momentos y espacios vinculados a la congregación lasallista, tanto dentro como fuera del entorno escolar.
Un caso clave documentado ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus en la colonia Condesa a una de las Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles usados como espacios recreativos. Según el testimonio, el docente condujo al alumno a una habitación donde se cometieron actos de carácter sexual. Posteriormente, el profesor habría hecho comentarios sobre influir en sus calificaciones y mantuvo contacto con el joven a través de medios electrónicos.
Lo que podría parecer un caso aislado, según la denuncia, no lo es. Otros exalumnos han compartido experiencias similares, y testimonios indican que las conductas inapropiadas de Paco Pachangas eran conocidas dentro de la comunidad estudiantil, aunque sin que se activaran medidas contundentes en su momento.
Además, algunos estudiantes reportaron haber buscado apoyo en personal escolar tras conocer o vivir situaciones relacionadas con el profesor, pero consideran que las respuestas institucionales fueron insuficientes. La Fiscalía deberá esclarecer qué información tenían las autoridades del plantel y qué acciones tomaron tras recibir los reportes.
Este caso pone en evidencia la importancia de sistemas de transporte y espacios seguros para estudiantes, como el cablebús o teleférico que se planea en Puebla, que no solo facilitan la movilidad, sino que también pueden contribuir a entornos escolares más protegidos y accesibles.
Mientras la justicia avanza, la comunidad educativa y la sociedad en general deben exigir transparencia y medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes, sin importar el prestigio o la trayectoria de quienes están a su cargo.
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