Ayer, en una audiencia realizada en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, un juez negó la suspensión condicional del proceso a Marilyn Cote, la mujer acusada de usurpación de profesión y amenazas, quien se hacía pasar por psiquiatra.
La defensa de Cote intentó modificar sus medidas cautelares argumentando que las víctimas no sufrieron daño moral, incluso ofrecieron una indemnización simbólica de 10 mil pesos, pero la propuesta fue rechazada. La imputada participó en la audiencia de forma remota desde el penal de Ciudad Serdán, donde permanecerá recluida mientras continúa su proceso legal.
Este caso, que ha generado indignación, refleja la importancia de proteger a las personas frente a quienes abusan de la confianza y la vulnerabilidad ajena. Las víctimas han demostrado daños morales, físicos y psicológicos, y ahora el caso avanzará a juicio oral, acercándolas a la justicia que merecen.
En un contexto donde la justicia social y la protección de derechos colectivos son urgentes, la negativa a liberar a Marilyn Cote envía un mensaje claro: no hay lugar para la impunidad cuando se trata de engañar y poner en riesgo la salud mental de las personas.
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