El miércoles 3 de junio de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, uno de los militares señalados en el caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. Martínez Chávez, de 32 años, es prófugo de la justicia mexicana y está acusado por desaparición forzada de personas. Según el ICE, permanecerá bajo su custodia hasta ser deportado a México.
Este arresto ocurre 12 años después de aquella noche del 26 de septiembre de 2014, cuando el país se estremeció ante la desaparición de los jóvenes, un caso que sigue envuelto en incertidumbre, teorías y omisiones. Martínez Chávez formaba parte del 27 Batallón de Infantería y, según investigaciones, su nombre aparece entre los militares vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable del ataque contra los estudiantes.
En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas relacionadas con el caso, pero un mes después canceló al menos 21, entre ellas la de Martínez Chávez. Este movimiento evidenció tensiones internas entre la FGR y la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que ha buscado mantener viva la investigación.
El caso sigue siendo un símbolo de la impunidad y la falta de justicia en México. Apenas hace tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar toda la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), tras una demanda de familiares que han luchado por conocer la verdad.
Mientras tanto, la detención de Martínez Chávez en Estados Unidos abre una nueva ventana para que la justicia avance, aunque el camino para esclarecer qué pasó aquella noche sigue siendo largo y lleno de obstáculos. En un país donde la memoria colectiva exige respuestas, cada paso cuenta para honrar a las víctimas y exigir un cambio real en el sistema de justicia.
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