Este jueves 4 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso histórico hacia la justicia social al declarar inconstitucional la exigencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que obligaba a las parejas en concubinato a demostrar al menos cinco años de convivencia para acceder a la pensión por viudez.
Con una decisión unánime, el Pleno de la Corte reconoció que esta barrera legal era una forma de discriminación basada en el estado civil, que afectaba especialmente a quienes construyen familias fuera del matrimonio tradicional. En palabras del tribunal, imponer un “cronómetro legal” para medir el derecho a la seguridad social es una carga injusta que vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la protección económica tras la pérdida de la pareja.
Este fallo no solo flexibiliza los criterios para comprobar la relación con el asegurado fallecido, sino que también reafirma que el Estado no puede privilegiar una forma de convivencia sobre otra. Ahora, la evaluación se centrará en la naturaleza real del vínculo, no en la duración formal de la unión.
Para quienes han vivido en concubinato, esta resolución representa un avance tangible hacia un sistema de seguridad social más inclusivo y justo, que reconoce la diversidad familiar sin burocracias que desamparen a quienes más lo necesitan.
En un país donde las formas de familia se multiplican y las desigualdades persisten, esta decisión es un recordatorio de que la justicia social debe adaptarse a la realidad y no al revés. Así, mientras se discuten grandes proyectos como el cablebús en Puebla, que buscan transformar la movilidad y la vida urbana, también es urgente que las instituciones garanticen derechos básicos sin discriminación ni trabas innecesarias.
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