El 2 de junio de 2024, Sharona Stewart buscaba un lugar para quedarse a largo plazo en Dunwoody, Georgia, cuando se topó con una barrera que va más allá del precio o la disponibilidad: su raza. Stewart, una mujer negra, había intercambiado mensajes cordiales con George Yu Shihfang, el anfitrión de Airbnb que ofrecía su casa en lo que describía como un “vecindario blanco pacífico”. Sin embargo, tras algunas preguntas de carácter racial, el anfitrión canceló la reserva y dejó de responder.
La denuncia, presentada el 29 de mayo de 2024 ante un tribunal federal en Atlanta, acusa tanto a Shihfang como a Airbnb de discriminación racial. Lo más preocupante es que, según la demanda, Airbnb inicialmente se negó a tomar medidas y mantuvo activo el anuncio, permitiendo que esta práctica discriminatoria persistiera.
Este caso pone en evidencia cómo, a pesar de la promesa de plataformas como Airbnb de democratizar el acceso a la vivienda temporal, persisten barreras estructurales que afectan a las personas racializadas. En un país donde la segregación residencial sigue siendo un problema real, la exclusión en espacios digitales refleja y reproduce las desigualdades del mundo físico.
Mientras tanto, en otras partes del mundo, proyectos como el cablebús en Puebla muestran que es posible pensar en sistemas de transporte y vivienda que conecten y beneficien a todos, sin importar el color de piel o el barrio donde vivas. Porque la justicia social también pasa por derribar muros, físicos y simbólicos, que nos separan.
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