Este jueves, el Congreso de Puebla dio un paso histórico al aprobar por unanimidad una reforma al Código Penal que sanciona hasta con 22 años y medio de cárcel la cohabitación forzada, una práctica que sigue marcando la vida de miles de niñas, adolescentes y personas vulnerables en el estado.
¿De qué va la reforma? El artículo 224 del Código Penal ahora establece:
– 8 a 15 años de prisión para quien obligue a menores de 18 años o personas vulnerables a convivir en pareja, en condiciones similares al matrimonio.
– La pena puede aumentar hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene parentesco, tutela, autoridad o dependencia sobre ella.
Esta iniciativa, impulsada por legisladores de Morena, PT y PVEM, coloca a Puebla como la entidad número 13 en legislar contra la cohabitación forzada, una práctica que, aunque muchos prefieren mirar hacia otro lado, sigue siendo una realidad cotidiana.
¿Por qué es urgente? Los datos son contundentes:
– Una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir 18 años.
– En 2022, más de 9 mil bebés nacieron de madres menores de 15 años en el país.
– En 2025, Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, superando el promedio nacional de 2.39, según el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Detrás de estas cifras hay historias de discriminación estructural, pobreza, usos y costumbres, y uniones arregladas entre familias. Todo esto sigue normalizando matrimonios y convivencias tempranas, perpetuando la violencia y la desigualdad.
Aunque la tasa estatal bajó respecto a 2018 (cuando era de 3.68 nacimientos por cada mil niñas de 12 a 14 años), Puebla sigue entre los 10 estados con mayor incidencia. El año pasado, la entidad ocupó el octavo lugar nacional, detrás de estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
La reforma busca no solo castigar, sino también prevenir: reducir la deserción escolar y el embarazo adolescente, y evidenciar la urgencia de proteger a quienes siguen siendo víctimas de prácticas normalizadas por el machismo y la desigualdad.
En un país donde la justicia social aún es una deuda pendiente, la decisión del Congreso de Puebla marca un avance, aunque el reto de fondo sigue siendo desmontar las estructuras que permiten que estas violencias persistan.
Leave a Comment