En un país donde la austeridad es la palabra de moda y los recortes a pensiones públicas se sienten en el bolsillo de casi cien mil jubilados, historias como la de Paulina González Garibay son un puñetazo en el estómago colectivo. ¿Quién es ella y por qué su nombre apareció en las declaraciones patrimoniales de la CFE con un ingreso anual de más de 60 millones de pesos? Aquí te lo contamos, porque entender cómo funciona (o no) el sistema es clave para exigir justicia social.
¿Quién es Paulina González Garibay?
Hasta hace poco, Paulina González Garibay trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, en el área de CFE-Distribución, en las oficinas de Puebla. Todo parecía normal, hasta que su declaración patrimonial de 2024 reveló esto:
– **Remuneración anual neta en 2023:** $60,343,974 MXN (sí, más de 60 millones de pesos).
– **Otros ingresos:** $0 MXN (nada de actividades privadas, ni comercio, ni asesorías externas).
– **Ingreso total reportado:** Exactamente igual, $60,343,974 MXN.
¿Sorprendente? Sí. ¿Explicado? Todavía no. El dato está ahí, en blanco y negro, en su declaración.
Pero el 27 de febrero de 2025, la historia dio un giro: un oficio firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales de la División Centro Oriente en Puebla, instruyó a la empresa de vigilancia Secumax a **restringirle el acceso a todas las instalaciones de la CFE, “por ningún motivo”**. Y no sólo eso: pidieron manejo “con total discreción”. ¿Qué pasó entre el sueldo millonario y el veto total? La CFE no ha dado explicaciones públicas.
¿Mientras tanto, qué pasa con los demás trabajadores?
Aquí es donde el contraste grita: **más de 93 mil jubilados** de organismos como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza están enfrentando **recortes de hasta el 60% en sus ingresos** tras la reforma al artículo 127 constitucional. El cambio, que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas”, impone un tope de $67,145 pesos mensuales para 2026, mientras que militares y fuerzas armadas siguen exentos.
Para quienes trabajaron décadas en el sector público, la reducción en sus pensiones es, literalmente, una sentencia de precarización. La reforma es retroactiva (aunque la Constitución lo prohíbe en su artículo 14), lo que ha detonado controversias legales y la creación de frentes de defensa de los jubilados.
**¿Por qué importa este caso?**
– Porque revela cómo la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos perpetúan la desigualdad.
– Porque mientras el discurso oficial habla de austeridad, los números muestran que los privilegios no siempre se eliminan: a veces sólo cambian de nombre o de destinatario.
– Porque la justicia social, que debería ser un derecho, se convierte en un privilegio para una minoría, mientras la mayoría enfrenta recortes y precarización.
El caso de Paulina González Garibay es un recordatorio de que la lucha por la transparencia y la equidad en el sector público no es solo una consigna, sino una urgencia. ¿Por qué alguien puede ganar 60 millones en un año en una empresa pública y luego ser vetado en silencio, mientras miles de jubilados apenas sobreviven? Esa es la pregunta que sigue pendiente de
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